Estilos de Desarrollo

Lograr un estilo de desarrollo propio no es tarea sencilla, ya que en ello intervienen una innumerable cantidad de variables como: la política, la educación, el ambiente, los factores sociales, los factores étnicos, entre otros, alinear u orientar todas estas variables hacia un mismo objetivo, es realmente complejo.

Sólo la discusión y el análisis de la interacción de estas variables, y manteniendo como eje transversal el ambiente se podrá visualizar un verdadero estilo propio de desarrollo.

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LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL VENEZOLANA (ensayo 4)


LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL VENEZOLANA

Mucha de la problemática ambiental que se vive actualmente tiene su origen en fallos institucionales y en la debilidad de la gobernabilidad por parte del estado. Cabe destacar que tres de estas debilidades institucionales necesariamente importantes para la gestión ambiental son: la existencia de derechos de propiedad y su uso inadecuado, la falta de información y oportunidades para que los involucrados locales participen en la toma de decisiones, y la escasa implantación y supervisión de las normas ambientales.
Para nadie es un secreto que las instituciones públicas de Venezuela juegan un rol fundamental en el desarrollo económico de la nación, en este sentido, el gobierno nacional es el encargado de velar por el diseño y administración de políticas ambientales que proporcionen el desarrollo sustentable de la nación con la consecuente mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido se crea el actual Ministerio para el Poder Popular del Ambiente, ente superior al cual le compete la planificación, programación, supervisión e instrumentación de la política ambiental; al igual que la coordinación con otros organismos públicos nacionales y departamentales en la ejecución de sus cometidos; y normar y controlar la calidad ambiental; es en esencia el ente contralor y garante de la calidad ambiental, así como también del uso y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural de la nación.
Sin embargo, el país no cuenta con una legislación que globalice el manejo de la materia ambiental. Si bien su cobertura es muy amplia, lo hace desde una perspectiva de conservación de ciertos recursos naturales, sin una concepción integral que valore los ecosistemas de sustentación. Esta restricción expresa, a su vez, indefiniciones respecto a la cobertura y competencias institucionales para una práctica ambiental coherente y afecta la capacidad de actuación del MPPA.
A nivel nacional y específicamente en el estado Anzoátegui, los problemas institucionales y de gobernabilidad se hacen evidentes en la desafío por desarrollar sistemas justos y eficaces de gestión de los recursos naturales, como los ríos y el suelo. A nivel nacional la fragilidad de los derechos de propiedad y uso, son causa frecuente de problemas ambientales, tales como la deforestación, la tala y quema descontrolada, contaminación de importantes redes hidrográficas, entre otros. Por ello, gestionar el libre acceso a los recursos comunes resulta complicado, dado que las decisiones de individuos y empresas se basan generalmente en los costos y beneficios propios, lo que se traduce en la reducción del bienestar ambiental y comunitario.
Para hacer frente a esta situación, los pobladores de los municipios del sur del estado Anzoátegui, deben poder gestionar los sistemas ambientales de los que depende su sustento; que bien pudiera ser, clarificando los derechos generales de propiedad y uso de los recursos naturales comunes, para lo cual quizás sea necesario reformar las políticas e instituciones que controlan el acceso a la tierra y a los demás recursos naturales. La descentralización puede mejorar el gobierno ambiental, pero debe ir acompañada de esfuerzos que creen capacidad comunitaria para gestionar los recursos ambientales e influir en la planificación y elaboración de políticas. En la mayoría de las zonas más pobladas y desarrolladas económicamente hablando, estos recursos son degradados de una manera devastadora, y para acabar con esta destrucción es preciso reforzar la gobernabilidad, mejorando el cumplimiento de la ley, aplicando políticas más estrictas e incrementando la participación ciudadana.
A partir de esto, se tiene que la ausencia de políticas estadales que orienten los programas ambientales, así como la falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de decisión acerca de estas políticas públicas, son los mayores obstáculos al logro del desarrollo sustentable; en consecuencia se dificulta alcanzar mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.


 REALIZADO POR: ING. CARLYS MENDOZA.

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