Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales

Informe sobre la Propuesta de

Pago por Servicios Ambientales

en México

Este informe fue realizado en el marco del proyecto

“Pago por Servicios Ambientales en Las Américas”

auspiciada por la Fundación FORD y ejecutado por Fundación PRISMA

Coordinación del Proyecto: Herman Rosa y Susan Kandel

Coordinación Nacional

John Burstein

Escrito por:

John Burstein , Gonzalo Chapela y Mendoza, Jazmín Aguilar, Emilienne de León

Estudios de Caso

Fondo Bioclimático (Chiapas): Adalberto Vargas, John Burstein

Ecoturismo (Oaxaca y Veracruz): Luisa Paré, Héctor Marcelli

UZACHI (Oaxaca): Martha Miranda, Francisco Chapela

RESUMEN EJECUTIVO

nota: al final del informe, se encuentra el link para poder leer el informe completo

Por su situación de puente geográfico mesoamericano, y su variedad topográfica, México se

conoce como uno de los países de “megadiversidad” en el mundo. Hay grandes recursos

forestales (aproximadamente 56% del territorio); y hay una tasa de deforestación que es el doble

del promedio nacional.

El campesinado mexicano es un sector en transición. Viene de haber sido un pilar de la

Revolución Mexicana (1910-20) – con la cual ganó una reforma agraria que todavía hoy pone en

su posesión más de la mitad del territorio nacional – y de haber proporcionado alimentación y

mano de obra baratas durante la transformación del país hacia uno urbano (en el 75%) y en

avanzadas vías de la industrialización. La población campesina – en parte significativa indígena

– se concentra en el sur del país, donde también se concentran las reservas de agua y el bosque

más importantes. De hecho, hasta el 80% del bosque nacio nal se encuentra en los ejidos y

comunidades semi-colectivizados, conocidos como “propiedad social”.

En general estamos hablando de campesinos que producen para su consumo y para el mercado,

cuyas formas de organización y de acceso a los recursos naturales ofrecen oportunidades para

construir esquemas de desarrollo sustentable, y hasta de reconversión de áreas inapropiadas para

la agricultura a su vocación forestal. La situación sigue siendo de riesgo fuerte de destrucción

irreversible de los recursos naturales y biodiversidad de grandes áreas de la “propiedad social” si

la sociedad y gobierno mexicano no mostraran compromiso político de invertir en el desarrollo

sustentable.

Desde los años 1970, México ha reconocido un problema de contaminación del aire y agua, y ha

experimentado con normas y controles hacia su resolución, sin nunca retar de forma frontal la

expansión económica industrial del país. Para finales de los años 1980, la protección del

ambiente comenzó a perfilarse. Fue en 1988 que el gobierno se abrió a una secretaría del

ambiente. La creación de áreas naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica.

Al mismo tiempo, organizaciones civiles (o no- gubernamentales) conservacionistas y ecologistas

emergieron con agendas de denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire

contaminado por los autos, la industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para

que asumiera su papel de protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la

arena internacional, el gobierno mexicano figuró en el movimiento ambientalista post-Río/92, y

fue de los primeros ratificadores del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo

respetable (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995) de ideología

avanzada en el ámbito del desarrollo sustentable y la conservación se armó. Al mismo tiempo el

país optó por la globalización neo- liberal radical, terminando en su participación en el Area de

Libre Comercio de América del Norte (1994).

Mientras tanto, los campesinos y campesinas mexicanas han experimentado con distintas

estrategias, desde la resistencia en su economía de subsistencia, el reclamo político por

programas mínimos, y la experimentación con alternativas de mercado, ya que los granos

básicos, el café convencional, y el ganado son todas opciones de poco futuro.

El “Pago por Servicios Ambientales” (PSA) describe la estrategia de una clase emergente de

proyectos de desarrollo sustentable que encuentran su sentido en la valoración económica de los

recursos naturales y la biodiversidad. PSA tiene la característica de representar una síntesis del

ambientalismo con el liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado). Depende

de la premisa de que se esté dando una transición paradigmática hacia la incorporación del

capital natural en la teoría económica y la práctica política – el “enverdecimiento” (o “greening”)

de la economía –, como es la propuesta de algunos de los economistas y ecologistas mexicanos

más prestigiados. La participación campesina en el PSA se justifica como un rechazo a la

práctica de pedir a los campesinos otro sacrificio más para la nación – o ahora la humanidad – y

entender como justo y necesario el obtener un ingreso reflejando el valor económico real de los

servicios ambientales que resultan de las actividades y decisiones de los campesinos (poseedores

de áreas estratégicas para el PSA).

Así que México presenta una gama amplia de experiencias – piloto, casi siempre – de PSA,

manejado por campesinos. Mencionamos: (a) organizaciones campesinas en Chiapas que

venden la captura de carbono a una compañía francesa que promueve carreras de autos; (b)

grupos de ejidatarios de Michoacán que venden un paquete de servicios incluyendo el cuidado

del hábitat de las mariposas monarca; (c) otros campesinos que venden un paquete que incluye el

cuidado del hábitat de los animales que los compradores cazan; (d) campesinos de Chiapas que

se agregan a la iniciativa de un parque nacional el servicio de cuidado del bosque que asegura la

existencia del agua de los sistemas de riego y la presa hidroeléctrica de la misma cuenca; (e)

campesinos indígenas oaxaqueños que ofrecen su conocimiento y conservación in situ de plantas

con un potencial medicinal a instituciones de investigación y compañías farmacéuticas.

En general, se pueden clasificar en cuatro las estrategias de PSA – encontrados solas o en

combinación –, que son la compra-venta de:

1. captura de carbono

2. desempeño hídrico

3. conservación de la biodiversidad

4. belleza escénica.

Se ve en los ejemplos mexicanos que, además de los oferentes y los compradores, hay

intermediarios muy importantes, con las funciones de (a) ofrecer asistencia técnica, (b) gestionar

proyectos, (c) certificar el producto (o ofrecer un aval, más informalmente y (d) participar en la

promoción-comercialización, frecuentemente como traductor-intermediario. En nuestros

ejemplos, son organizaciones civiles que realizan esas funciones. Como una función adicional

muy importante, las organizaciones de la sociedad civil (tanto sociales como civiles) inciden en

políticas públicas al respecto. Entonces, hablamos de alianzas estratégicas que se dan entre

organizaciones de la sociedad civil, como un elemento imprescindible para el PSA.

Las cuatro estrategias de PSA tienen, en mayor y menor grado, estas características:

a.- Es a largo plazo.

b.- Su mercado suele ser internacional, y sujeto a esquemas reguladas por acuerdos

internacionales.

c.- Requiere de una colaboración de múltiples actores.

d.- Se puede considerar como parte del producto un aspecto intangible que es la conciencia

de los oferentes y los compradores del valor ambiental de la actividad de cuidado a los

árboles captores de carbono.

Abundando sobre el último punto, al reconocer el doble-propósito combinando estrategias

ambientales como sociales (la mejora de la calidad de vida de los campesinos), se ve la

introducción del concepto de comercio justo, combinado con el PSA. En el caso de captura de

carbono, por ejemplo, esto nos llevó a hablar de la captura de carbono-plus (CC-plus),

reconociendo que el servicio ofrecido por campesinos es un valor agregado en sí.

Este ensayo explora el marco social, legal y político del PSA en México (Parte I) y la praxis de

PSA en México (Parte II), incluyendo estudios de caso hechos por tres equipos, tocando cinco

experiencias específicas. Identificamos puntos de vista, entre los diversos colaboradores en este

proyecto, que no llegan a ser una defensa de PSA – hay demasiadas dudas y retos –, pero de

inclinación a favor de su experimentació n para aprender de ella. Con esto, reconocemos un

debate fuerte, y saludable, entre actores de la sociedad civil donde algunas inclusive cuestionan y

rechazan la premisa básica, de la internalización económica del “capital natural”. Planteamos

este estud io únicamente para permitirnos a todas y todos un debate más fértil.

Recogemos algunas observaciones resultadas de la exploración de la praxis en México. Primero,

PSA es riesgoso. Es innovador; a veces introduce una actividad de generación de ingresos

(convirtiendo actividad agrícola y forestal) o abriendo nuevos mercados (turistas urbanas en la

selva). Tiende a ser sólo relevante a largo plazo, tanto para la obtención de ingresos para los

campesinos como para sus efectos ecológicos. Tiende a requerir de relaciones organizacionales

complicadas, en particular por ser mercados nuevos y a veces internacionales. Esto hace

necesaria las relaciones estables entre organizaciones de la sociedad civil, y también con

gobierno.

PSA resulta ser atractivo para mucha de la población campesina. Inclusive puede verse como

“ganar la lotería” a campesinos que se les paguen para cuidar su propio entorno. Pero la

recepción inicial de la idea no es igual a su apropiación cabal. Ahí es donde los ingresos

marginales que normalmente constituyen la promesa económica de PSA pueden no ser

suficientes para permitir el proceso de apropiación a cumplirse. Claro, la base cultural, indígena

en particular y campesina en general, constituye la mejor para la apropiación de PSA.

¿Es justificable económicamente PSA? Esa es una pregunta que es demasiado temprano para

contestarla. Seguramente, las estrategias de PSA – y captura de carbono, ecoturismo en detalle –

dan muestras de ser más lucrativas que las tradicionales, de ser posible su masificación. De

todas formas, sale como aconsejable en general la idea de unir el mercado “puro” de PSA con

uno de comercio justo, de ser posible.

La viabilidad de PSA está relacionada a la capacidad organizacional de las organizaciones de la

sociedad civil, a largo plazo.

En síntesis:

a.- Trabajar con productores pequeños probablemente implican costos de transacción más altos

(que, por ejemplo el mismo servicio ambiental ofrecido por un gran terrateniente).

b.- Se ha visto que es un error diseñar el proyecto de PSA en términos de una “comunidad” (que

frecuentemente sufre divisiones sociales y donde la división de trabajo y ganancias puede ser

contenciosa); en cambio, el trabajo con grupos voluntarios dentro de la comunidad, o región,

propicia mejores resultados.

c.- Relacionado al punto anterior, hay que considerar la inversión en fortalecimiento

organizacional necesario para la construcción de alianzas estratégicas efectivas por parte de y

entre organizaciones de la sociedad civil.

d.- Ya que se trata de la construcción de un mercado, hay que prestar atención tanto a la

promoción de la demanda como la oferta, sabiendo que la demanda lidera en la construcción

de los mercados.

e.- Los ingresos adicionales obtenidos casi siempre resultan ser marginales a la economía

familiar. Al mismo tiempo, esto puede ubicarse dentro de la realidad de la economía

campesina que es, por naturaleza, diversificada.

f.- La apropiación del proyecto por parte de los oferentes – la conciencia ecológica – se basa en

parte en el ingreso (marginal) y en la cultura indígena y la campesina en general.

En el esfuerzo por entender el espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es

importante rescatar varios elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas

en tratados y procesos políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las

políticas rectoras mexicanas de la privatización y descentralización de funciones públicas y

terminando con subsidios y tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como

una nueva visión del campesino como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede

encontrar un rechazo de fondo por imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del

campesinado como actores económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del

cuidado de la naturaleza como recurso de la nación.

Informe completo en el siguiente link de Abajo:

 

Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales