Estilos de Desarrollo

Lograr un estilo de desarrollo propio no es tarea sencilla, ya que en ello intervienen una innumerable cantidad de variables como: la política, la educación, el ambiente, los factores sociales, los factores étnicos, entre otros, alinear u orientar todas estas variables hacia un mismo objetivo, es realmente complejo.

Sólo la discusión y el análisis de la interacción de estas variables, y manteniendo como eje transversal el ambiente se podrá visualizar un verdadero estilo propio de desarrollo.

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Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales



Informe sobre la Propuesta de
Pago por Servicios Ambientales
en México

Este informe fue realizado en el marco del proyecto
“Pago por Servicios Ambientales en Las Américas”
auspiciada por la Fundación FORD y ejecutado por Fundación PRISMA
Coordinación del Proyecto: Herman Rosa y Susan Kandel
Coordinación Nacional
John Burstein

Escrito por:
John Burstein , Gonzalo Chapela y Mendoza, Jazmín Aguilar, Emilienne de León
Estudios de Caso
Fondo Bioclimático (Chiapas): Adalberto Vargas, John Burstein
Ecoturismo (Oaxaca y Veracruz): Luisa Paré, Héctor Marcelli
UZACHI (Oaxaca): Martha Miranda, Francisco Chapela

RESUMEN EJECUTIVO
nota: al final del informe, se encuentra el link para poder leer el informe completo


Por su situación de puente geográfico mesoamericano, y su variedad topográfica, México se

conoce como uno de los países de “megadiversidad” en el mundo. Hay grandes recursos
forestales (aproximadamente 56% del territorio); y hay una tasa de deforestación que es el doble
del promedio nacional.

El campesinado mexicano es un sector en transición. Viene de haber sido un pilar de la
Revolución Mexicana (1910-20) – con la cual ganó una reforma agraria que todavía hoy pone en
su posesión más de la mitad del territorio nacional – y de haber proporcionado alimentación y
mano de obra baratas durante la transformación del país hacia uno urbano (en el 75%) y en
avanzadas vías de la industrialización. La población campesina – en parte significativa indígena
– se concentra en el sur del país, donde también se concentran las reservas de agua y el bosque
más importantes. De hecho, hasta el 80% del bosque nacio nal se encuentra en los ejidos y
comunidades semi-colectivizados, conocidos como “propiedad social”.
En general estamos hablando de campesinos que producen para su consumo y para el mercado,
cuyas formas de organización y de acceso a los recursos naturales ofrecen oportunidades para
construir esquemas de desarrollo sustentable, y hasta de reconversión de áreas inapropiadas para
la agricultura a su vocación forestal. La situación sigue siendo de riesgo fuerte de destrucción
irreversible de los recursos naturales y biodiversidad de grandes áreas de la “propiedad social” si
la sociedad y gobierno mexicano no mostraran compromiso político de invertir en el desarrollo
sustentable.

Desde los años 1970, México ha reconocido un problema de contaminación del aire y agua, y ha
experimentado con normas y controles hacia su resolución, sin nunca retar de forma frontal la
expansión económica industrial del país. Para finales de los años 1980, la protección del
ambiente comenzó a perfilarse. Fue en 1988 que el gobierno se abrió a una secretaría del
ambiente. La creación de áreas naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica.
Al mismo tiempo, organizaciones civiles (o no- gubernamentales) conservacionistas y ecologistas
emergieron con agendas de denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire
contaminado por los autos, la industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para
que asumiera su papel de protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la
arena internacional, el gobierno mexicano figuró en el movimiento ambientalista post-Río/92, y
fue de los primeros ratificadores del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo
respetable (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995) de ideología
avanzada en el ámbito del desarrollo sustentable y la conservación se armó. Al mismo tiempo el
país optó por la globalización neo- liberal radical, terminando en su participación en el Area de
Libre Comercio de América del Norte (1994).

Mientras tanto, los campesinos y campesinas mexicanas han experimentado con distintas
estrategias, desde la resistencia en su economía de subsistencia, el reclamo político por
programas mínimos, y la experimentación con alternativas de mercado, ya que los granos
básicos, el café convencional, y el ganado son todas opciones de poco futuro.
El “Pago por Servicios Ambientales” (PSA) describe la estrategia de una clase emergente de
proyectos de desarrollo sustentable que encuentran su sentido en la valoración económica de los
recursos naturales y la biodiversidad. PSA tiene la característica de representar una síntesis del
ambientalismo con el liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado). Depende
de la premisa de que se esté dando una transición paradigmática hacia la incorporación del
capital natural en la teoría económica y la práctica política – el “enverdecimiento” (o “greening”)
de la economía –, como es la propuesta de algunos de los economistas y ecologistas mexicanos
más prestigiados. La participación campesina en el PSA se justifica como un rechazo a la
práctica de pedir a los campesinos otro sacrificio más para la nación – o ahora la humanidad – y
entender como justo y necesario el obtener un ingreso reflejando el valor económico real de los
servicios ambientales que resultan de las actividades y decisiones de los campesinos (poseedores
de áreas estratégicas para el PSA).

Así que México presenta una gama amplia de experiencias – piloto, casi siempre – de PSA,
manejado por campesinos. Mencionamos: (a) organizaciones campesinas en Chiapas que
venden la captura de carbono a una compañía francesa que promueve carreras de autos; (b)
grupos de ejidatarios de Michoacán que venden un paquete de servicios incluyendo el cuidado
del hábitat de las mariposas monarca; (c) otros campesinos que venden un paquete que incluye el
cuidado del hábitat de los animales que los compradores cazan; (d) campesinos de Chiapas que
se agregan a la iniciativa de un parque nacional el servicio de cuidado del bosque que asegura la
existencia del agua de los sistemas de riego y la presa hidroeléctrica de la misma cuenca; (e)
campesinos indígenas oaxaqueños que ofrecen su conocimiento y conservación in situ de plantas
con un potencial medicinal a instituciones de investigación y compañías farmacéuticas.

En general, se pueden clasificar en cuatro las estrategias de PSA – encontrados solas o en
combinación –, que son la compra-venta de:

1. captura de carbono
2. desempeño hídrico
3. conservación de la biodiversidad
4. belleza escénica.

Se ve en los ejemplos mexicanos que, además de los oferentes y los compradores, hay
intermediarios muy importantes, con las funciones de (a) ofrecer asistencia técnica, (b) gestionar
proyectos, (c) certificar el producto (o ofrecer un aval, más informalmente y (d) participar en la
promoción-comercialización, frecuentemente como traductor-intermediario. En nuestros
ejemplos, son organizaciones civiles que realizan esas funciones. Como una función adicional
muy importante, las organizaciones de la sociedad civil (tanto sociales como civiles) inciden en
políticas públicas al respecto. Entonces, hablamos de alianzas estratégicas que se dan entre
organizaciones de la sociedad civil, como un elemento imprescindible para el PSA.

Las cuatro estrategias de PSA tienen, en mayor y menor grado, estas características:

a.- Es a largo plazo.
b.- Su mercado suele ser internacional, y sujeto a esquemas reguladas por acuerdos
internacionales.
c.- Requiere de una colaboración de múltiples actores.
d.- Se puede considerar como parte del producto un aspecto intangible que es la conciencia
de los oferentes y los compradores del valor ambiental de la actividad de cuidado a los
árboles captores de carbono.

Abundando sobre el último punto, al reconocer el doble-propósito combinando estrategias
ambientales como sociales (la mejora de la calidad de vida de los campesinos), se ve la
introducción del concepto de comercio justo, combinado con el PSA. En el caso de captura de
carbono, por ejemplo, esto nos llevó a hablar de la captura de carbono-plus (CC-plus),
reconociendo que el servicio ofrecido por campesinos es un valor agregado en sí.
Este ensayo explora el marco social, legal y político del PSA en México (Parte I) y la praxis de
PSA en México (Parte II), incluyendo estudios de caso hechos por tres equipos, tocando cinco
experiencias específicas. Identificamos puntos de vista, entre los diversos colaboradores en este
proyecto, que no llegan a ser una defensa de PSA – hay demasiadas dudas y retos –, pero de
inclinación a favor de su experimentació n para aprender de ella. Con esto, reconocemos un
debate fuerte, y saludable, entre actores de la sociedad civil donde algunas inclusive cuestionan y
rechazan la premisa básica, de la internalización económica del “capital natural”. Planteamos
este estud io únicamente para permitirnos a todas y todos un debate más fértil.
Recogemos algunas observaciones resultadas de la exploración de la praxis en México. Primero,
PSA es riesgoso. Es innovador; a veces introduce una actividad de generación de ingresos
(convirtiendo actividad agrícola y forestal) o abriendo nuevos mercados (turistas urbanas en la
selva). Tiende a ser sólo relevante a largo plazo, tanto para la obtención de ingresos para los
campesinos como para sus efectos ecológicos. Tiende a requerir de relaciones organizacionales
complicadas, en particular por ser mercados nuevos y a veces internacionales. Esto hace
necesaria las relaciones estables entre organizaciones de la sociedad civil, y también con
gobierno.

PSA resulta ser atractivo para mucha de la población campesina. Inclusive puede verse como
“ganar la lotería” a campesinos que se les paguen para cuidar su propio entorno. Pero la
recepción inicial de la idea no es igual a su apropiación cabal. Ahí es donde los ingresos
marginales que normalmente constituyen la promesa económica de PSA pueden no ser
suficientes para permitir el proceso de apropiación a cumplirse. Claro, la base cultural, indígena
en particular y campesina en general, constituye la mejor para la apropiación de PSA.
¿Es justificable económicamente PSA? Esa es una pregunta que es demasiado temprano para
contestarla. Seguramente, las estrategias de PSA – y captura de carbono, ecoturismo en detalle –
dan muestras de ser más lucrativas que las tradicionales, de ser posible su masificación. De
todas formas, sale como aconsejable en general la idea de unir el mercado “puro” de PSA con
uno de comercio justo, de ser posible.

La viabilidad de PSA está relacionada a la capacidad organizacional de las organizaciones de la
sociedad civil, a largo plazo.

En síntesis:

a.- Trabajar con productores pequeños probablemente implican costos de transacción más altos
(que, por ejemplo el mismo servicio ambiental ofrecido por un gran terrateniente).
b.- Se ha visto que es un error diseñar el proyecto de PSA en términos de una “comunidad” (que
frecuentemente sufre divisiones sociales y donde la división de trabajo y ganancias puede ser
contenciosa); en cambio, el trabajo con grupos voluntarios dentro de la comunidad, o región,
propicia mejores resultados.
c.- Relacionado al punto anterior, hay que considerar la inversión en fortalecimiento
organizacional necesario para la construcción de alianzas estratégicas efectivas por parte de y
entre organizaciones de la sociedad civil.
d.- Ya que se trata de la construcción de un mercado, hay que prestar atención tanto a la
promoción de la demanda como la oferta, sabiendo que la demanda lidera en la construcción
de los mercados.
e.- Los ingresos adicionales obtenidos casi siempre resultan ser marginales a la economía
familiar. Al mismo tiempo, esto puede ubicarse dentro de la realidad de la economía
campesina que es, por naturaleza, diversificada.
f.- La apropiación del proyecto por parte de los oferentes – la conciencia ecológica – se basa en
parte en el ingreso (marginal) y en la cultura indígena y la campesina en general.
En el esfuerzo por entender el espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es
importante rescatar varios elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas
en tratados y procesos políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las
políticas rectoras mexicanas de la privatización y descentralización de funciones públicas y
terminando con subsidios y tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como
una nueva visión del campesino como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede
encontrar un rechazo de fondo por imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del
campesinado como actores económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del
cuidado de la naturaleza como recurso de la nación.


Informe completo en el siguiente link de Abajo:
 




 
 

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