El campesinado mexicano es un
sector en transición. Viene de haber sido un pilar de la
Revolución Mexicana (1910-20) –
con la cual ganó una reforma agraria que todavía hoy pone en
su posesión más de la mitad del
territorio nacional – y de haber proporcionado alimentación y
mano de obra baratas durante la
transformación del país hacia uno urbano (en el 75%) y en
avanzadas vías de la industrialización.
La población campesina – en parte significativa indígena
– se concentra en el sur del
país, donde también se concentran las reservas de agua y el bosque
más importantes. De hecho, hasta
el 80% del bosque nacio nal se encuentra en los ejidos y
comunidades semi-colectivizados,
conocidos como “propiedad social”.
En general estamos hablando de
campesinos que producen para su consumo y para el mercado,
cuyas formas de organización y de
acceso a los recursos naturales ofrecen oportunidades para
construir esquemas de desarrollo
sustentable, y hasta de reconversión de áreas inapropiadas para
la agricultura a su vocación
forestal. La situación sigue siendo de riesgo fuerte de destrucción
irreversible de los recursos
naturales y biodiversidad de grandes áreas de la “propiedad social” si
la sociedad y gobierno mexicano
no mostraran compromiso político de invertir en el desarrollo
sustentable.
Desde los años 1970, México ha
reconocido un problema de contaminación del aire y agua, y ha
experimentado con normas y
controles hacia su resolución, sin nunca retar de forma frontal la
expansión económica industrial
del país. Para finales de los años 1980, la protección del
ambiente comenzó a perfilarse.
Fue en 1988 que el gobierno se abrió a una secretaría del
ambiente. La creación de áreas
naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica.
Al mismo tiempo, organizaciones
civiles (o no- gubernamentales) conservacionistas y ecologistas
emergieron con agendas de
denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire
contaminado por los autos, la
industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para
que asumiera su papel de
protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la
arena internacional, el gobierno
mexicano figuró en el movimiento ambientalista post-Río/92, y
fue de los primeros ratificadores
del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo
respetable (la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995) de ideología
avanzada en el ámbito del
desarrollo sustentable y la conservación se armó. Al mismo tiempo el
país optó por la globalización
neo- liberal radical, terminando en su participación en el Area de
Libre Comercio de América del
Norte (1994).
Mientras tanto, los campesinos y
campesinas mexicanas han experimentado con distintas
estrategias, desde la resistencia
en su economía de subsistencia, el reclamo político por
programas mínimos, y la
experimentación con alternativas de mercado, ya que los granos
básicos, el café convencional, y el ganado son todas
opciones de poco futuro.
El “Pago por Servicios
Ambientales” (PSA) describe la estrategia de una clase emergente de
proyectos de desarrollo
sustentable que encuentran su sentido en la valoración económica de los
recursos naturales y la
biodiversidad. PSA tiene la característica de representar una síntesis del
ambientalismo con el liberalismo
(y su empoderamiento de mecanismos del mercado). Depende
de la premisa de que se esté
dando una transición paradigmática hacia la incorporación del
capital natural en la teoría
económica y la práctica política – el “enverdecimiento” (o “greening”)
de la economía –, como es la
propuesta de algunos de los economistas y ecologistas mexicanos
más prestigiados. La
participación campesina en el PSA se justifica como un rechazo a la
práctica de pedir a los
campesinos otro sacrificio más para la nación – o ahora la humanidad – y
entender como justo y necesario
el obtener un ingreso reflejando el valor económico real de los
servicios ambientales que
resultan de las actividades y decisiones de los campesinos (poseedores
de áreas estratégicas para el PSA).
Así que México presenta una gama
amplia de experiencias – piloto, casi siempre – de PSA,
manejado por campesinos.
Mencionamos: (a) organizaciones campesinas en Chiapas que
venden la captura de carbono a
una compañía francesa que promueve carreras de autos; (b)
grupos de ejidatarios de
Michoacán que venden un paquete de servicios incluyendo el cuidado
del hábitat de las mariposas
monarca; (c) otros campesinos que venden un paquete que incluye el
cuidado del hábitat de los
animales que los compradores cazan; (d) campesinos de Chiapas que
se agregan a la iniciativa de un
parque nacional el servicio de cuidado del bosque que asegura la
existencia del agua de los
sistemas de riego y la presa hidroeléctrica de la misma cuenca; (e)
campesinos indígenas oaxaqueños
que ofrecen su conocimiento y conservación in situ de plantas
con un potencial medicinal a
instituciones de investigación y compañías farmacéuticas.
En general, se pueden clasificar
en cuatro las estrategias de PSA – encontrados solas o en
combinación –, que son la
compra-venta de:
1. captura de carbono
2. desempeño hídrico
3. conservación de la
biodiversidad
4. belleza escénica.
Se ve en los ejemplos mexicanos
que, además de los oferentes y los compradores, hay
intermediarios muy importantes,
con las funciones de (a) ofrecer asistencia técnica, (b) gestionar
proyectos, (c) certificar el
producto (o ofrecer un aval, más informalmente y (d) participar en la
promoción-comercialización,
frecuentemente como traductor-intermediario. En nuestros
ejemplos, son organizaciones
civiles que realizan esas funciones. Como una función adicional
muy importante, las
organizaciones de la sociedad civil (tanto sociales como civiles) inciden en
políticas públicas al respecto.
Entonces, hablamos de alianzas estratégicas que se dan entre
organizaciones de la sociedad
civil, como un elemento imprescindible para el PSA.
Las cuatro estrategias de PSA
tienen, en mayor y menor grado, estas características:
a.- Es a largo
plazo.
b.- Su mercado suele
ser internacional, y sujeto a esquemas reguladas por acuerdos
internacionales.
c.- Requiere de una
colaboración de múltiples actores.
d.- Se puede
considerar como parte del producto un aspecto intangible que es la conciencia
de los oferentes y los
compradores del valor ambiental de la actividad de cuidado a los
árboles captores de carbono.
Abundando sobre el último punto,
al reconocer el doble-propósito combinando estrategias
ambientales como sociales (la
mejora de la calidad de vida de los campesinos), se ve la
introducción del concepto de
comercio justo, combinado con el PSA. En el caso de captura de
carbono, por ejemplo, esto nos
llevó a hablar de la captura de carbono-plus (CC-plus),
reconociendo que el servicio
ofrecido por campesinos es un valor agregado en sí.
Este ensayo explora el marco
social, legal y político del PSA en México (Parte I) y la praxis de
PSA en México (Parte II),
incluyendo estudios de caso hechos por tres equipos, tocando cinco
experiencias específicas.
Identificamos puntos de vista, entre los diversos colaboradores en este
proyecto, que no llegan a ser una
defensa de PSA – hay demasiadas dudas y retos –, pero de
inclinación a favor de su
experimentació n para aprender de ella. Con esto, reconocemos un
debate fuerte, y saludable, entre
actores de la sociedad civil donde algunas inclusive cuestionan y
rechazan la premisa básica, de la
internalización económica del “capital natural”. Planteamos
este estud io únicamente para
permitirnos a todas y todos un debate más fértil.
Recogemos algunas observaciones
resultadas de la exploración de la praxis en México. Primero,
PSA es riesgoso. Es innovador; a
veces introduce una actividad de generación de ingresos
(convirtiendo actividad agrícola
y forestal) o abriendo nuevos mercados (turistas urbanas en la
selva). Tiende a ser sólo
relevante a largo plazo, tanto para la obtención de ingresos para los
campesinos como para sus efectos
ecológicos. Tiende a requerir de relaciones organizacionales
complicadas, en particular por
ser mercados nuevos y a veces internacionales. Esto hace
necesaria las relaciones estables
entre organizaciones de la sociedad civil, y también con
gobierno.
PSA resulta ser atractivo para
mucha de la población campesina. Inclusive puede verse como
“ganar la lotería” a campesinos
que se les paguen para cuidar su propio entorno. Pero la
recepción inicial de la idea no
es igual a su apropiación cabal. Ahí es donde los ingresos
marginales que normalmente
constituyen la promesa económica de PSA pueden no ser
suficientes para permitir el
proceso de apropiación a cumplirse. Claro, la base cultural, indígena
en particular y campesina en general, constituye la
mejor para la apropiación de PSA.
¿Es justificable económicamente
PSA? Esa es una pregunta que es demasiado temprano para
contestarla. Seguramente, las
estrategias de PSA – y captura de carbono, ecoturismo en detalle –
dan muestras de ser más
lucrativas que las tradicionales, de ser posible su masificación. De
todas formas, sale como
aconsejable en general la idea de unir el mercado “puro” de PSA con
uno de comercio justo, de ser
posible.
La viabilidad de PSA está
relacionada a la capacidad organizacional de las organizaciones de la
sociedad civil, a largo plazo.
En síntesis:
a.- Trabajar con
productores pequeños probablemente implican costos de transacción más altos
(que, por ejemplo el mismo
servicio ambiental ofrecido por un gran terrateniente).
b.- Se ha visto que
es un error diseñar el proyecto de PSA en términos de una “comunidad” (que
frecuentemente sufre divisiones
sociales y donde la división de trabajo y ganancias puede ser
contenciosa); en cambio, el
trabajo con grupos voluntarios dentro de la comunidad, o región,
propicia mejores resultados.
c.- Relacionado al
punto anterior, hay que considerar la inversión en fortalecimiento
organizacional necesario para la
construcción de alianzas estratégicas efectivas por parte de y
entre organizaciones de la
sociedad civil.
d.- Ya que se trata
de la construcción de un mercado, hay que prestar atención tanto a la
promoción de la demanda como la
oferta, sabiendo que la demanda lidera en la construcción
de los mercados.
e.- Los ingresos
adicionales obtenidos casi siempre resultan ser marginales a la economía
familiar. Al mismo tiempo, esto
puede ubicarse dentro de la realidad de la economía
campesina que es, por naturaleza,
diversificada.
f.- La apropiación
del proyecto por parte de los oferentes – la conciencia ecológica – se basa en
parte en el ingreso (marginal) y
en la cultura indígena y la campesina en general.
En el esfuerzo por entender el
espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es
importante rescatar varios
elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas
en tratados y procesos
políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las
políticas rectoras mexicanas de
la privatización y descentralización de funciones públicas y
terminando con subsidios y
tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como
una nueva visión del campesino
como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede
encontrar un rechazo de fondo por
imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del
campesinado como actores
económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del
cuidado de la naturaleza como recurso de la nación.
Informe completo
en el siguiente link de Abajo:
